SIBCI-GUÁRICO
Elizabeth
Barrios (ECS-UBV)
@Elizabeth_NBR
Fotos: Cortesía VTV
Hace unos días
los medios de comunicación difundieron información acerca de una investigación
que realizaba la Contraloría General por la vinculación del gobernador del
estado Miranda, Henrique Capriles,con el caso de corrupción de la empresa
brasileña Odebrecht, sin embargo el contralor general de la República, Manuel
Galindo,informó que en realidad se trata de un procedimiento por irregularidades
administrativas en dicha entidad.
Asimismo, el
contralor Galindo señaló que además de Capriles, también están siendo
investigados funcionarios y exfuncionarios de la gobernación de Miranda:Adriana
de Elías Briceño, Ana María Fernández, Manuel Alonso Morales, Merlin Alfredo
Benítez, Carlos Alberto Ibarra, Olimpia Mancerra, Jennifer Gala Hurtado y
Hungarina Mendoza, mediante un caso que inició el 7 de septiembre del año
pasado, a través de la Dirección de Determinación deResponsabilidades, por presentar
daños patrimoniales, presupuestos reconducidos e incumplimiento de contratos.
Continuó
informado que durante la audiencia oral y pública realizada el día jueves, el Gobernador
de Miranda no se presentó personalmente para determinar sus responsabilidades
por el referido caso administrativo, sino sus abogados Rafael Chavero y
Bernardo Pulido, por lo que el Contralor de la República destacó que los
imputados tienen pleno derecho a la defensa y a ejercer cualquier tipo de
recursos que establezca la ley.
Aclaró a la
opinión pública, nacional y mundial, que durante todo este procedimiento legal,
antes de llegar a la fase de audiencia oral y pública tuvieron acceso al
expediente, y lo seguirán teniendo, tanto Capriles Radonski como cada una de
las personas investigadas, por lo que nadie puede pretender acusar al Estado de
violar sus derechos.
Finalmente, Galindo declaró que cuando se
determine la responsabilidad del caso en cada uno de los acusados,se anunciará ante
el pueblo venezolano la decisión que recaerá sobre cada uno ellos, de igual
manera pidió y exigió respeto a las actuaciones de los funcionarios de la
Contraloría que están al frente de las investigaciones, alertando sobre
agresiones verbales y hasta físicas que atentan contra la integridad
profesional y personal de estos trabajadores.
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